La colaboración ciudadana puede ser decisiva para  detectar prácticas que dañan la libre competencia y perjudican gravemente a las empresas y a los consumidores.

La Autoridad de Competencia de Castilla y León dispone de este cauce, a través del cual, cualquier persona o empresa puede ponerse en contacto con nosotros.

Si conoce cualquier tipo de práctica anticompetitiva pasada, presente o futura relacionada con el incumplimiento de los artículos 1, 2 ó 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia o manipulación en contratos públicos  en un sector o empresa, puede ponerlo en nuestro conocimiento.

La normativa en materia de Defensa de la Competencia no contempla ningún tipo de compensación ni económica ni de otra índole a los informantes que colaboren con las Autoridades de Competencia.

Una vez presentada la comunicación se procederá a analizar la verosimilitud de los hechos. Este cauce es solo para informantes con indicios de prácticas anticompetitivas. En ningún caso constituye un procedimiento de denuncia.

Para que las comunicaciones sean tenidas en consideración han de cumplir los siguientes requisitos:

• Describir de la manera más detallada posible las circunstancias del caso que se comunica.
• Proporcionar todos los indicios objetivos, así como la información disponible que pudiera facilitar el estudio de la situación que se comunica.
• Considerar que la información que se traslada tiene una especial trascendencia en materia de defensa de la competencia o bien ayuda a evitar el fraude en la contratación pública.

En cualquier caso, no serán tenidas en cuenta comunicaciones basadas en opiniones personales, aquellas que no vengan acompañadas de la suficiente fundamentación o aquellas que sean notoriamente falsas.

El envío de información a través de este cauce no presupone la posible actuación en relación con lo aportado ni supone adquirir la condición de interesado o el envío de comunicaciones posteriores sobre las posibles investigaciones que pudieran iniciarse.

Se señala que, a requerimiento judicial o en cumplimiento de las leyes aplicables, estaríamos obligados a aportar a la autoridad judicial datos sobre una dirección IP, caso de disponer de la misma, o sobre otra información o documento aportado por el informante.