La política industrial tiene por objeto instaurar unas condiciones marco que favorezcan la competitividad industrial y está específicamente encaminada a:
Acelerar la adaptación de la industria a los cambios estructurales.
Fomentar un entorno favorable a la iniciativa y al desarrollo de las empresas y, en particular, de las pequeñas y medianas empresas.
Promover un entorno favorable a la cooperación entre empresas.
Favorecer un mejor aprovechamiento del potencial industrial de las políticas de innovación, de investigación y de desarrollo tecnológico.
La actividad industrial es muy importante para nuestra región. Es una fuente de riqueza y empleo que ejerce además un efecto tractor en otros sectores económicos. Representa un porcentaje del 20,1 % del VAB regional, que en el caso de la industria manufacturera suponía el 18,4%.
Es por ello, que la política económica de Castilla y León siempre ha prestado un especial interés a las actividades industriales y a sus factores de competitividad.
Dentro de las últimas regulaciones en materia de política industrial se encuentra la elaboración de la Ley de Industria, en cuyo artículo 26.2 se establece que “Para el desarrollo de la política de promoción industrial la Junta de Castilla y León establecerá planes y programas específicos de actuación conforme se determina en esta sección, de entre los que tendrá carácter necesario el Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León”, que es el marco general de desarrollo de los compromisos asumidos por la Junta de Castilla y León en el IV Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial 2021-2027 y tiene como objetivo fundamental promover la adaptación de nuestra economía y de nuestro tejido productivo al proceso de transformación que se está experimentando a nivel global, basado, fundamentalmente, en la transición ecológica y en la transformación digital, este IV Acuerdo Marco para la Competitividad y la Innovación Empresarial 2021-2027 y tiene como objetivo fundamental lograr una Industria que sea motor económico de Castilla y León, que contribuya a la cohesión territorial, generadora de empleo de calidad, y basada en una apuesta firme por la competitividad, la innovación, la digitalización y la sostenibilidad, y este objetivo se concreta a su vez en los siguientes:
Avanzar en la reindustrialización: Alcanzando un valor de la producción industrial manufacturera de 11.400 M€ y que supone un incremento anual del 20% en términos nominales durante 5 años. Incrementar el gasto público en I+D+i hasta alcanzar el 3% del gasto no financiero del presupuesto de las Consejerías para 2019, con el objetivo de alcanzar el 3% del PIB entre la inversión pública y privada.
Incrementar la innovación en la industria: Consiguiendo un 1,8% de gasto en innovación y desarrollo respecto al PIB en el año 2025 y alineado con los objetivos establecidos en la RIS3 2021-2027 de Castilla y León (en esta se plantea un 1,70% en 2024 y 2,12% en 2027).
Atraer y retener el talento hacia los sectores industriales y reducir la brecha de género: Aumentando un 3% el personal empleado en la industria (162.300 personas en T4 2020; Objetivo 167.100 en T4 2025) y alcanzando un peso del 30% de mujeres en la industria.
Lograr una mayor convergencia industrial entre las provincias de la región, a fin de incrementar el peso de las provincias menos industrializadas en el VAB industrial autonómico hasta alcanzar los siguientes datos:
Soria, del 4,9% al 6%.
Ávila, del 2,79% al 4%.
Segovia, del 3,06% al 4%.
Zamora, del 2,51% al 4%.
Favorecer el crecimiento de empresas en el medio rural: Logrando el desarrollo o implementación de nuevas industrias en el medio rural, pasando de 2.702 industrias ubicadas en municipios rurales a 3.000 (+298 empresas industriales en municipios de menos de 5.000 habitantes).
Aumentar la dimensión de las PYMEs: Incrementando el peso de las empresas de tamaño medio (entre 50 y 249 empleos) dentro del conjunto de las PYMEs en la industria manufacturera (CNAE 10-33) y pasando del 2,07% al 3%.
El II Plan Director de Promoción Industrial 2021-2025 ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León mediante Acuerdo 148/2021, de 23 de diciembre, (BOCYL de 28 de diciembre de 2021).